Hoy
hace 53 años, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto 2066/1967 por el que los municipios de Armejún y
Villarijo resultaron fusionados o absorbidos por el de San Pedro Manrique, una
medida organizativa que más que ser un indicio de la despoblación de la
provincia, en este caso fue el resultado de una despoblación forzada que
teóricamente planteaba concentrar a los habitantes de Tierras Altas en media
docena de pueblos de entre 500 a 700 habitantes para abandonar los restantes y
dedicar la tierra al cultivo agrícola, pero sobre todo a especies arbóreas que
se pensaban resultarían más rentables, si bien como quedó demostrado, el efecto
logrado no fue el esperado. Veámoslo.
En la
década de 1960, algún ingeniero del Ministerio de Agricultura pensó que agrícolamente,
en general la comarca de Tierras Altas de Soria, era poco productiva por lo que
ideó un plan para que aquella tierra se destinase mejor a plantar especies
arbóreas mucho más rentables a largo plazo, sobre todo para los intereses
generales del país. Sus escasos habitantes se verían privados de sus medios de
subsistencia tradicionales por lo que tendrían que abandonar sus núcleos de
población y emigrar a las cabeceras de comarca más grandes, concentrando los vecinos
de casi cuarenta pueblos en tres municipios, cada uno formado por dos pueblos:
Santa Cruz de Yanguas + Vizmanos, Yanguas + Villar del Río, San Pedro Manrique
+ Matasejún.
De esta
forma y al menos en teoría, todo eran ventajas pues los vecinos tendrían que
abandonar aquellos pueblos sin apenas servicios básicos con lo que las
autoridades se ahorraban tener que llevar los servicios básicos de agua, luz o
teléfono, y sería mucho más eficiente hacerlo en esos pueblos más grandes que
albergaban mayor población. Aquel
plan tan fantástico estaba presupuestado en algo más de 800.000.000 de pesetas
(4.800.000 euros) para adquirir terrenos y obras auxiliares, y aunque nunca se
llegaron a conocer realmente lo que costó, entre que apenas se invirtió para
algún camino y que muchas fincas expropiadas a la fuerza se pagaron tarde y
mal, la inversión fue prácticamente nula y sin llegar a producir una
rentabilidad económica y mucho menos social.
Objetivamente
parece que el plan pretendía fijar la población de los cuarenta pueblos
pequeños que quedaban abandonados en favor de esos seis grandes, ofreciéndoles
como medio de subsistencia la explotación forestal de los nuevos bosques y de
los pastos, todo en régimen cooperativo. Sin embargo, frente al optimismo de
las autoridades se impuso la realidad y los vecinos de Acrijos, Buimanco,
Sarnago o El Vallejo, entre otros, acabaron emigrando fuera de la provincia en su
mayor parte, y el Estado acabó comprando o nacionalizando muchas parcelas en
las que hasta los pinos se resisten a crecer, logrando vaciar prácticamente una
comarca que salvo honrosas excepciones, parece muerta para siempre.
También
es posible que aquel plan de reforestaciones, más que provocar una despoblación
en realidad lo que hizo fue acelerar un inexorable proceso de abandono del
estilo de vida rural pues, algunas poblaciones de la comarca como Santa
Cecilia, Verguizas o Villaseca Somera que no estuvieron sujetas a ese plan,
están evolucionando casi hasta la total despoblación, aunque tampoco sería
descartable que si en vez de abandonar toda una comarca a su suerte se hubiera
invertido en mejorar las comunicaciones y las condiciones de vida de sus
habitantes, hoy Tierras Altas podría ser un motor económico importante. Nunca
lo sabremos.
 |
| Iglesia de Sarnago durante una nevada en 2020. Autor José Mari Carrascosa, tomada de sarnago.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario